Fuente. Yoinfluyo.com
Autor: Rodrigo Iván Cortés Jiménez
lunes, 11 de agosto de 2008
México está secuestrado. Basta ver las recientes desgracias que llenan de dolor al país entero, desgracias que calan hondo y dejan ver las varias formas de secuestro que sufre nuestra patria. Reflexionemos sólo algunas de ellas.
El secuestro y asesinato artero del menor Fernando Martí, a pesar de haber sido pagado su rescate-extorsión, deja ver otro tipo de secuestro, un secuestro institucional en el Distrito Federal, donde quien se supone debe protegernos es quien precisamente organiza y lucra con el dolor humano, terrible, de arrancarle a una familia su tesoro más preciado, su hijo.
Un comandante de policía judicial capitalino, ascendido directamente por Marcelo Ebrard, resulta ser el principal indiciado como responsable del crimen, crimen organizado desde la institución que nos debe proteger del secuestro.
El modus operandi de la banda criminal, el Grupo de la Flor, incluye usar retenes falsos desde hace dos años, y sólo hasta ahora la autoridad capitalina los suspende… a medias, ya que deja los dedicados al alcoholímetro, y después del niño asesinado se suspende el de retenes.
Ese modus operandi también incluye el uso privilegiado de información, desde adentro de la procuraduría, el uso no sólo de uniformes, placas, bases de datos… incluye al personal de alto nivel de la institución capitalina; es decir, desde el gobierno se subsidia al crimen organizado, entonces cabe preguntarnos: ¿quién financia al gobierno? ¿Para qué están sirviendo nuestros impuestos?
Es importante traer aquí lo que recientemente escribió Ricardo Alemán, en tono irónico y a la vez dramático, sobre el tiempo en el que Fernando Martí estuvo secuestrado y luego asesinado: "¿Qué pasó desde la primera semana de junio hasta el pasado viernes 1 de agosto? Todos lo saben, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia, las dos del DF, se afanaban en labores harto reconocidas por la sociedad en general; policías judiciales realizaban proselitismo para la "consulta petrolera" que había organizado el GDF, al tiempo que organizaban operativos en antros para llevarse detenidos a jóvenes, y extorsionar a sus familiares para dejarlos en libertad".
Si recordamos esa otra desgracia, acaecida sólo unos días atrás, cuando un operativo en el que participa conjuntamente la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia Capitalina, con la finalidad de criminalizar a jóvenes de escasos recursos y dar la apariencia de que se está haciendo algo en el tema de seguridad, termina con la muerte de menores de edad, totalmente inocentes, provocada por quienes se supone deben protegerlos, los policías y los judiciales de la Ciudad de México, que en vez de cumplir con su principal deber de resguardar a la población y sus derechos, hacen gala de violación a derechos humanos, incluyendo el más importante: el derecho a la vida misma. Después de los niños, literalmente ahogados, se expropia el pozo. Otra vez, las instituciones secuestradas.
En el ámbito legislativo, recordemos lo que pasó en el anterior sexenio. Cuánto tiempo se pasó la iniciativa del ejecutivo, que proponía reformar el sistema de justicia y seguridad, durmiendo el sueño de los justos en el congreso, sin que los legisladores capaces de hacer mayoría para discutirlas y sacarlas adelante siquiera le dieran trámite legislativo. ¡Claro!, tenían otras prioridades, "sus" prioridades.
Autor: Rodrigo Iván Cortés Jiménez
lunes, 11 de agosto de 2008
México está secuestrado. Basta ver las recientes desgracias que llenan de dolor al país entero, desgracias que calan hondo y dejan ver las varias formas de secuestro que sufre nuestra patria. Reflexionemos sólo algunas de ellas.
El secuestro y asesinato artero del menor Fernando Martí, a pesar de haber sido pagado su rescate-extorsión, deja ver otro tipo de secuestro, un secuestro institucional en el Distrito Federal, donde quien se supone debe protegernos es quien precisamente organiza y lucra con el dolor humano, terrible, de arrancarle a una familia su tesoro más preciado, su hijo.
Un comandante de policía judicial capitalino, ascendido directamente por Marcelo Ebrard, resulta ser el principal indiciado como responsable del crimen, crimen organizado desde la institución que nos debe proteger del secuestro.
El modus operandi de la banda criminal, el Grupo de la Flor, incluye usar retenes falsos desde hace dos años, y sólo hasta ahora la autoridad capitalina los suspende… a medias, ya que deja los dedicados al alcoholímetro, y después del niño asesinado se suspende el de retenes.
Ese modus operandi también incluye el uso privilegiado de información, desde adentro de la procuraduría, el uso no sólo de uniformes, placas, bases de datos… incluye al personal de alto nivel de la institución capitalina; es decir, desde el gobierno se subsidia al crimen organizado, entonces cabe preguntarnos: ¿quién financia al gobierno? ¿Para qué están sirviendo nuestros impuestos?
Es importante traer aquí lo que recientemente escribió Ricardo Alemán, en tono irónico y a la vez dramático, sobre el tiempo en el que Fernando Martí estuvo secuestrado y luego asesinado: "¿Qué pasó desde la primera semana de junio hasta el pasado viernes 1 de agosto? Todos lo saben, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia, las dos del DF, se afanaban en labores harto reconocidas por la sociedad en general; policías judiciales realizaban proselitismo para la "consulta petrolera" que había organizado el GDF, al tiempo que organizaban operativos en antros para llevarse detenidos a jóvenes, y extorsionar a sus familiares para dejarlos en libertad".
Si recordamos esa otra desgracia, acaecida sólo unos días atrás, cuando un operativo en el que participa conjuntamente la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia Capitalina, con la finalidad de criminalizar a jóvenes de escasos recursos y dar la apariencia de que se está haciendo algo en el tema de seguridad, termina con la muerte de menores de edad, totalmente inocentes, provocada por quienes se supone deben protegerlos, los policías y los judiciales de la Ciudad de México, que en vez de cumplir con su principal deber de resguardar a la población y sus derechos, hacen gala de violación a derechos humanos, incluyendo el más importante: el derecho a la vida misma. Después de los niños, literalmente ahogados, se expropia el pozo. Otra vez, las instituciones secuestradas.
En el ámbito legislativo, recordemos lo que pasó en el anterior sexenio. Cuánto tiempo se pasó la iniciativa del ejecutivo, que proponía reformar el sistema de justicia y seguridad, durmiendo el sueño de los justos en el congreso, sin que los legisladores capaces de hacer mayoría para discutirlas y sacarlas adelante siquiera le dieran trámite legislativo. ¡Claro!, tenían otras prioridades, "sus" prioridades.
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