Autor: José J. Castellanos
Las acciones golpistas que protagonizan el PRD y sus aliados del FAP en el Congreso y en su seno, revelan, una vez más, la naturaleza antidemocrática de ese partido, y lo ubican con claridad entre los denominados “partidos antisistema”, cuya lógica de actuación consiste en aprovecharse de los beneficios de un sistema democrático que les da cabida, para acabar con dicho sistema. No es el primero ni será el último que aparezca en la historia.
Por ello, el calificativo de “fascistas” que se les ha endilgado en distintos medios –prensa escrita, radio y televisión– y de diversos modos –artículos, entrevistas, desplegados y videos pagados en la TV–, se ajusta a una realidad sociopolítica que, por certera, permea en la sociedad mexicana.
Hoy se puede calificar a ese partido –mientras no se libere de la influencia nefasta de quien lo conduce al precipicio– el calificativo que se aplicara a su candidato durante el proceso electoral de 2006: es un peligro para México.
Ubicado dentro de un extremismo maximalista en donde sólo sus chicharrones truenan, el grupo que tomó la tribuna del Senado y la Cámara de Diputados, con las “adelitas” que como fuerza de choque bloquean estas instituciones fundamentales del Estado Mexicano, ponen a sus respectivos partidos en riesgo.
La legislación vigente obliga a que los partidos se comprometan a respetar las instituciones del país y el juego democrático. Con sus conductas, no cumplen ni lo uno ni lo otro. Ellos han violado la Ley y quienes debieran actuar para aplicarles las sanciones correspondientes, no hacen nada.
En cambio, el Instituto Federal Electoral ya ha adoptado dos medidas cautelares para limitar la libertad de expresión, base de las libertades políticas. Ordenó la suspensión de la transmisión donde Mejor Sociedad y Mejor Gobierno A.C., comparaba el golpismo del FAP con golpes fascistas y autoritarios, interpretando el artículo 41 de la Constitución, que dice:
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Si de por sí esta disposición contradice lo señalado por el artículo 6º Constitucional en relación a la libertad de expresión, se había pensado que era aplicable en el curso de los procesos electorales. Pero no, ahora resulta que ningún mexicano, dizque por aquello de la equidad política, puede pagar un anuncio en los medios electrónicos en contra de los partidos políticos, aunque éstos violen la ley, pues se le califica como propaganda política.
Estas disposiciones hablan de equidad, cuando los partidos políticos reciben millones de pesos para su vida y su propaganda con tiempos gratuitos del Estado Mexicano, y los particulares difícilmente podrían reunir una cantidad semejante al subsidio más bajo de un partido. ¿Esto es equidad? ¿Se justifica por ello cancelar o disminuir la libertad de expresión de los mexicanos?
En la práctica, esta reforma constitucional introducida dentro de la llamada reforma electoral, es una regresión que pasa sobre una garantía individual que es, precisamente, base de las libertades políticas de los mexicanos, que son anteriores a los partidos políticos, por más que se denominen “de interés público”. Estamos ante el primer efecto de una libertad afectada como consecuencia de la partidocracia que ha prevalecido en este tipo de decisiones.
Pero no sólo los particulares somos afectados en esta materia. Hasta los partidos políticos que votaron dicha reforma, ahora sufren las consecuencias, pues el mensaje elaborado por el PAN para criticar la toma del Congreso por los miembros del FAP, también fue retirado por el IFE, aplicando un enunciado más del artículo 41 de la Constitución:
“En la propaganda política o electoral que difundan los partidos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.
Informar sobre lo que ilegalmente hacen otros partidos ha sido interpretado como una propaganda política que denigra a los partidos que violan la Ley. Denigrar, dice el diccionario, es “deslustrar, ofender la opinión o fama de una persona, o injuriar, agraviar o ultrajar”. ¿Acaso no son los actos mismos de los golpistas del Congreso los que crean su mala fama? Con este tipo de acciones, ¿acaso se puede tener una buena opinión sobre los golpistas? Los hechos son los hechos.
En fin, el golpismo perredista está tan arraigado, que hasta Jesús Ortega lo ha denunciado hacia el interior de su partido.
A los corruptos, dice cierta campaña de valores, hay que llamarlos por su nombre. A los golpistas fascistas, también.
Por ello, el calificativo de “fascistas” que se les ha endilgado en distintos medios –prensa escrita, radio y televisión– y de diversos modos –artículos, entrevistas, desplegados y videos pagados en la TV–, se ajusta a una realidad sociopolítica que, por certera, permea en la sociedad mexicana.
Hoy se puede calificar a ese partido –mientras no se libere de la influencia nefasta de quien lo conduce al precipicio– el calificativo que se aplicara a su candidato durante el proceso electoral de 2006: es un peligro para México.
Ubicado dentro de un extremismo maximalista en donde sólo sus chicharrones truenan, el grupo que tomó la tribuna del Senado y la Cámara de Diputados, con las “adelitas” que como fuerza de choque bloquean estas instituciones fundamentales del Estado Mexicano, ponen a sus respectivos partidos en riesgo.
La legislación vigente obliga a que los partidos se comprometan a respetar las instituciones del país y el juego democrático. Con sus conductas, no cumplen ni lo uno ni lo otro. Ellos han violado la Ley y quienes debieran actuar para aplicarles las sanciones correspondientes, no hacen nada.
En cambio, el Instituto Federal Electoral ya ha adoptado dos medidas cautelares para limitar la libertad de expresión, base de las libertades políticas. Ordenó la suspensión de la transmisión donde Mejor Sociedad y Mejor Gobierno A.C., comparaba el golpismo del FAP con golpes fascistas y autoritarios, interpretando el artículo 41 de la Constitución, que dice:
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Si de por sí esta disposición contradice lo señalado por el artículo 6º Constitucional en relación a la libertad de expresión, se había pensado que era aplicable en el curso de los procesos electorales. Pero no, ahora resulta que ningún mexicano, dizque por aquello de la equidad política, puede pagar un anuncio en los medios electrónicos en contra de los partidos políticos, aunque éstos violen la ley, pues se le califica como propaganda política.
Estas disposiciones hablan de equidad, cuando los partidos políticos reciben millones de pesos para su vida y su propaganda con tiempos gratuitos del Estado Mexicano, y los particulares difícilmente podrían reunir una cantidad semejante al subsidio más bajo de un partido. ¿Esto es equidad? ¿Se justifica por ello cancelar o disminuir la libertad de expresión de los mexicanos?
En la práctica, esta reforma constitucional introducida dentro de la llamada reforma electoral, es una regresión que pasa sobre una garantía individual que es, precisamente, base de las libertades políticas de los mexicanos, que son anteriores a los partidos políticos, por más que se denominen “de interés público”. Estamos ante el primer efecto de una libertad afectada como consecuencia de la partidocracia que ha prevalecido en este tipo de decisiones.
Pero no sólo los particulares somos afectados en esta materia. Hasta los partidos políticos que votaron dicha reforma, ahora sufren las consecuencias, pues el mensaje elaborado por el PAN para criticar la toma del Congreso por los miembros del FAP, también fue retirado por el IFE, aplicando un enunciado más del artículo 41 de la Constitución:
“En la propaganda política o electoral que difundan los partidos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.
Informar sobre lo que ilegalmente hacen otros partidos ha sido interpretado como una propaganda política que denigra a los partidos que violan la Ley. Denigrar, dice el diccionario, es “deslustrar, ofender la opinión o fama de una persona, o injuriar, agraviar o ultrajar”. ¿Acaso no son los actos mismos de los golpistas del Congreso los que crean su mala fama? Con este tipo de acciones, ¿acaso se puede tener una buena opinión sobre los golpistas? Los hechos son los hechos.
En fin, el golpismo perredista está tan arraigado, que hasta Jesús Ortega lo ha denunciado hacia el interior de su partido.
A los corruptos, dice cierta campaña de valores, hay que llamarlos por su nombre. A los golpistas fascistas, también.
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