Autor: Federico Müggenburg
La LIX legislatura pasó a la historia nacional, entre otras notas distintivas, por la de haber sido sometida por cooptación al proyecto de los poderosos y plenipotenciarios operadores de las dos principales empresas televisivas del país (Televisa y TV Azteca). La nueva “Ley Federal de Radio y Televisión”, que se hizo famosa con el sobrenombre de “ley televisa”, fue preparada y redactada en las propias oficinas de la mayor televisora del país. El proyecto estableció un régimen especial para que los dos grandes emporios televisivos del país, pudieran prestar, también, servicios de telecomunicaciones, ampliando así su control sobre un sector estratégico, auto otorgándose además, derechos sobre el espectro radioeléctrico, de forma gratuita. Con esas reformas incrementarían su monopolio (duopolio, se dijo) ingresando en campos como la telefonía celular y el Internet, sin mayor trámite, impidiendo, de paso, la entrada de nuevos competidores en ese mercado.
Esto sería el “establecimiento legal” del “cuarto poder”, subordinante de la Nación.
En diciembre de 2005, la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley por unanimidad de los 325 asistentes a la sesión de votación, que duró sólo 7 minutos, en un abanico que abarcó a todos los partidos –se debe recordar que su presidente entonces, era el priísta Enrique Jackson, y de ahí subió a la cámara de senadores–. El 14 de diciembre se pospuso el dictamen. Se aprobó hasta el jueves 30 de marzo de 2006, después de treinta controvertidas intervenciones, por 81 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. Además, se incluyó una novedosísima serie de artículos llamados “acuerdos paralelos”, sorpresivamente incorporados en la “Gaceta Parlamentaria”. Con un manejo inspirado en los más perversos ángulos de “El Tartufo” de Moliere (simulaciones, presiones, mentiras, extorsiones, y chantajes), en los agitados tiempos político-electorales, de campañas acicateadas por encuestas, entrevistas, noticieros, programas ad-hoc –vale recordar la famosa y sesgada parodia El Privilegio de Mandar, siempre a favor del personaje que encarnaba al “Peje”–, para obtener finalmente los propósitos anhelados. Merecen ser recordados los argumentos a favor de los senadores Héctor Osuna, Diego Fernández, Emilio Gamboa, Genaro Borrego, Héctor Larios y César Camacho; y en contra, los de Felipe Vicencio, Javier Corral, Raymundo Cárdenas, Dulce María Sauri y Manuel Bartlett, entre otros, en momentos de “crispación y polarización”, como los llamaría después, en mayo de 2007, ya siendo senador, el incomprensible o inexplicable, Santiago Creel.
La “hazaña de la ley televisa” se consumó, mediática y parlamentariamente hablando, a pesar de la oposición definida, enérgica y vigorosa, de diversas instituciones sociales, académicas, de especialistas en comunicación y columnistas, no siempre coincidentes en su expresión y motivación, con la presentación de la “acción de inconstitucionalidad” de un grupo de senadores de diversos partidos. El martes 5 de junio de 2007, la Suprema Corte anuló el “corazón de la ley televisa”. Invalidó los artículos 28 y 28-A, que permitían a los concesionarios ofrecer servicios adicionales, como telefonía e Internet, sin participar en licitación pública y sin tener que pagar algo al Estado. Además, fue declarada “inconstitucional” una parte del artículo 17-G y del 16, que establecían la subasta pública como medio para otorgar nuevas concesiones de radiodifusión y les fijaba vigencia de 20 años. El tribunal evidenció que la “subasta” sólo favorecía a los grupos con gran poder económico, marginando al resto. El ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, señaló: “El máximo tribunal no hace política. Pero incide en ella de manera apartidista e imparcial”.
Instalada la LX legislatura, se pudo advertir un evidentísimo “enroque de liderazgos partidistas” entre senadores y diputados de la LIX legislatura. Muy pronto surgió la propuesta de la llamada “Ley de Reforma del Estado” o “Ley Manlio”, que diferenciada en 5 partes, desarrolló a toda velocidad la 1ª parte, referida a la “Nueva Ley Electoral”, aprobada el 11 de diciembre de 2007 (351 votos a favor, 86 en contra y 4 abstenciones, entre críticas y cuestionamiento de los partidos chicos), que evidentemente incidió en la reforma del COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), asentando nuevas reglas para las elecciones de 2009 y 2012. Cosas buenas aportó, sin duda, en cuanto a reducción de tiempos y presupuestos de las campañas, aunque dejó fuera otras propuestas valiosas solicitadas por reconocidas instituciones sociales, como la reelección de diputados y presidentes municipales, y peor aún, dejó caprichosa y anticonstitucionalmente en el “limbo” no sólo a la directiva del Instituto Federal Electoral (IFE), sino también su prestigio, valor y calidad, reconocidos y ponderados incluso a nivel internacional.
Además, los legisladores dieron un “pendulazo” de 180°, al parecer para “cobrarse el desdoro y desprestigio” causado por el rechazo social, y más aún, la rectificación de la Suprema Corte a la “ley televisa”, inventándose ahora una argumentación que confunde la “propaganda y/o publicidad política” con el “derecho a la libertad de expresión” de los ciudadanos. Esta es la razón de los “amparos” presentados por diversas agrupaciones ciudadanas en las últimas semanas. Por eso, vale peguntarse si todos los candidatos presentados por los distintos partidos, para ser votados como genuinos legisladores (viene de légere, que es, leer en la realidad, para luego plasmarla en los textos constitucionales), reúnen los requisitos para esa categoría, responsabilidad y dignidad, o son simplemente “jurifantos”, es decir, los que sólo hacen fantasías con la jurisprudencia.
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