Nuestro amado México siempre ha sido, es y será así. Si haces algo, porque lo haces, y si no lo haces, porque no lo haces. La clásica ley de Herodes. La Prensa ¡oh la Prensa! Todo lo distorsiona, no en balde es el Primer Poder en nuestro sufrido país. En días pasados hicieron un verdadero escándalo sobre algo que no era intención de los del PRD hacerlo, ¡ah! Pero insidiaron, encendieron la mecha y se armó el escándalo, escándalo innecesario en cuanto a procedimiento en si. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, en sus declaraciones, se notaba claramente como que estaba siendo obligado –por la Prensa desde luego-- a hacerlas, como que sentía que él no quería hacerlas; ya después como que no le quedó otro remedio que seguirle dando vuelo a la hilacha.
En palabras del secretario de gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, la detención de servidores públicos de Michoacán se trató de un hecho delicado, de alta complejidad y por lo tanto era necesario comentar la información al menor número de elementos posibles, para no poner en riesgo a las personas.
De este modo, aunque trató de justificar el sigilo con el que el gobierno federal actuó y el hecho de haber tratado el tema con el gobernador Leonel Godoy Rangel, hasta que ya estaba en marcha el operativo y eso porque el mandatario michoacano buscó al titular de la Segob para preguntarle qué pasaba, lo único que deja claro Gómez-Mont es que la administración de Felipe Calderón no confía en el partido que gobierna en el Estado natal del presidente.
“Histórico”, cabecearon en primera plana. Y, en su editorial, El Universal se refirió al operativo como el Michoacangate –odioso epíteto fabricado por la “brillante” prensa mexicana, seguramente porque piensan que nuestro idioma es muy corto--, para subrayar lo escandaloso que resulta que la policía federal haya detenido a 10 alcaldes, al coordinador de asesores del procurador estatal, al director del Instituto Estatal de Información Policial, a la ex procuradora del Estado —actual asesora del gobernador Leonel Godoy— y a varios mandos policíacos municipales en Michoacán.
Ya veremos si las acciones de este martes son un certero golpe a la narcopolítica y no simplemente un vistoso operativo. Hasta ahora, dice ese periódico de circulación nacional –claro, los periódicos nacionales son unas blancas palomitas--, “las acciones contra los funcionarios vinculados al crimen organizado se habían limitado a aprehensiones esporádicas producto de filtraciones desde agencias de inteligencia militares o extranjeras. Casos como el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, eran raros y nunca fueron acompañados con el desmantelamiento del aparato político alrededor del cual los implicados operaban”.
Hasta los más entusiastas defensores de la guerra contra las drogas, no pueden dejar de notar que el operativo respondió a un ‘tempo’ electoral. Pero, “si las acusaciones contra un total de 28 autoridades estatales y municipales del PRI, del PAN y del PRD se confirman, tendremos una prueba incontrovertible de que los cárteles han penetrado enteras a las élites políticas locales del país, no únicamente a algunos funcionarios de uno u otro partido”.
En la columna editorial Bajo Reserva se preguntan si las investigaciones que se realizaron a lo largo de seis meses, “¿no podían esperar seis semanas más a que pasaran las elecciones?”
Para librarse de la acusación de que se trata de un golpe electorero, en la lista de alcaldías descabezadas hay dos del PAN. Seis son del PRI y las otras dos del PRD. Más grave, en todos sentidos, tanto si las sospechas son fundadas como si se trata de una embestida política, es que haya sido desmantelado casi todo el equipo de Leonel Godoy.
Aunque no figura en el panteón panista, la administración Calderón parece haber hecho suya la máxima atribuida a Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Al gobernador Godoy “no le avisaron lo que venía… como sí lo hicieron con el panista de Morelos, Marco Antonio Adame. ¿Es que sigue Godoy? ¿Por eso la desconfianza?”
Tal como lo acredita la agencia SUN, el problema no se circunscribe a Michoacán. “Hay varias entidades completas en México que están en manos de las organizaciones criminales, y no del Estado” nacional.
En la comarca lagunera, dos grupos pelean la plaza: los Zetas y “los de la casa del cerro”. Estos últimos son los locales. Y entre ambos han creado una situación muy peligrosa para la prensa, y en general para la sociedad. Ya mataron al periodista Eliseo Barrón Hernández. “Los dos grupos siguen dando conferencias forzadas a la prensa. La Laguna puede ser el próximo Ciudad Juárez”.
En palabras del secretario de gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, la detención de servidores públicos de Michoacán se trató de un hecho delicado, de alta complejidad y por lo tanto era necesario comentar la información al menor número de elementos posibles, para no poner en riesgo a las personas.
De este modo, aunque trató de justificar el sigilo con el que el gobierno federal actuó y el hecho de haber tratado el tema con el gobernador Leonel Godoy Rangel, hasta que ya estaba en marcha el operativo y eso porque el mandatario michoacano buscó al titular de la Segob para preguntarle qué pasaba, lo único que deja claro Gómez-Mont es que la administración de Felipe Calderón no confía en el partido que gobierna en el Estado natal del presidente.
“Histórico”, cabecearon en primera plana. Y, en su editorial, El Universal se refirió al operativo como el Michoacangate –odioso epíteto fabricado por la “brillante” prensa mexicana, seguramente porque piensan que nuestro idioma es muy corto--, para subrayar lo escandaloso que resulta que la policía federal haya detenido a 10 alcaldes, al coordinador de asesores del procurador estatal, al director del Instituto Estatal de Información Policial, a la ex procuradora del Estado —actual asesora del gobernador Leonel Godoy— y a varios mandos policíacos municipales en Michoacán.
Ya veremos si las acciones de este martes son un certero golpe a la narcopolítica y no simplemente un vistoso operativo. Hasta ahora, dice ese periódico de circulación nacional –claro, los periódicos nacionales son unas blancas palomitas--, “las acciones contra los funcionarios vinculados al crimen organizado se habían limitado a aprehensiones esporádicas producto de filtraciones desde agencias de inteligencia militares o extranjeras. Casos como el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, eran raros y nunca fueron acompañados con el desmantelamiento del aparato político alrededor del cual los implicados operaban”.
Hasta los más entusiastas defensores de la guerra contra las drogas, no pueden dejar de notar que el operativo respondió a un ‘tempo’ electoral. Pero, “si las acusaciones contra un total de 28 autoridades estatales y municipales del PRI, del PAN y del PRD se confirman, tendremos una prueba incontrovertible de que los cárteles han penetrado enteras a las élites políticas locales del país, no únicamente a algunos funcionarios de uno u otro partido”.
En la columna editorial Bajo Reserva se preguntan si las investigaciones que se realizaron a lo largo de seis meses, “¿no podían esperar seis semanas más a que pasaran las elecciones?”
Para librarse de la acusación de que se trata de un golpe electorero, en la lista de alcaldías descabezadas hay dos del PAN. Seis son del PRI y las otras dos del PRD. Más grave, en todos sentidos, tanto si las sospechas son fundadas como si se trata de una embestida política, es que haya sido desmantelado casi todo el equipo de Leonel Godoy.
Aunque no figura en el panteón panista, la administración Calderón parece haber hecho suya la máxima atribuida a Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Al gobernador Godoy “no le avisaron lo que venía… como sí lo hicieron con el panista de Morelos, Marco Antonio Adame. ¿Es que sigue Godoy? ¿Por eso la desconfianza?”
Tal como lo acredita la agencia SUN, el problema no se circunscribe a Michoacán. “Hay varias entidades completas en México que están en manos de las organizaciones criminales, y no del Estado” nacional.
En la comarca lagunera, dos grupos pelean la plaza: los Zetas y “los de la casa del cerro”. Estos últimos son los locales. Y entre ambos han creado una situación muy peligrosa para la prensa, y en general para la sociedad. Ya mataron al periodista Eliseo Barrón Hernández. “Los dos grupos siguen dando conferencias forzadas a la prensa. La Laguna puede ser el próximo Ciudad Juárez”.
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