Martes, 14 de julio de 2009
Es muy significativo que en las naciones occidentales en general, prevalece –lógicamente (!)- la condena al golpe que se produjo en Tegucigalpa, capital de Honduras, el domingo 28 de junio de 2009.
Se comprende, por un lado, que, por lo menos en el hemisferio occidental, incluyendo los principales países de la Unión Europea, los gobiernos emitieran unánimemente la misma condena que pronunciaron inmediatamente los gobiernos de los países latinoamericanos, con los mismos veredictos.
Estos veredictos, por cierto, los encabezaron en primer lugar los países miembros de la agrupación ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) –de hecho una alianza de los países de izquierda–, seguidos por los de UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas).
Es importante resaltar que las naciones occidentales sancionan y condenan este golpe hondureño sin previo análisis del trasfondo y distinción de los motivos del golpe, que al parecer se originó a instancias de la cúpula del Estado y de la sociedad hondureña (empresarios, funcionarios del estado, comandantes del ejército, parlamentarios).
Por lo tanto, cabe que se formulen preguntas respecto a la representatividad de los "golpistas" y de si el papel del ejército fue por protagonismo propio o en función de ejecutar la voluntad y decisión de las fuerzas políticamente representativas. Si el ejército ejecutó órdenes, no fue golpe militar, pero sí, en todo caso, golpe de estado.
Un golpe de estado contra un presidente legítima y democráticamente es condenable, puesto que atenta contra la voluntad expresada del elector, contra las instituciones y, sobre todo, contra el estado de derecho.
Si los autores intelectuales del golpe fueran los comandantes del ejército las dimensiones serían mucho más graves, pues significarían un retroceso al pasado de Latinoamérica de los años 60 y 70, del pasado siglo XX.
Honduras, uno de los países centroamericanos más pobres, no solamente está rodeado e influenciado de las políticas de gobernantes de los países vecinos con gobiernos de izquierda (Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Paraguay, y desde luego Venezuela y Cuba). Todos ellos seguidores del Presidente Hugo Chávez y su "nuevo socialismo del siglo XXI".
El depuesto Presidente Zelaya, aún como candidato del Partido Liberal en las elecciones de 2004, simpatizaba con esas posturas; pero a lo largo de su gobierno se convirtió en uno de los fieles seguidores de la organización ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).
Es más, hay claros indicios de que Zelaya pretendía seguir los mismos pasos que Chávez (de Venezuela), Correa (de Ecuador) y Morales (de Bolivia) de buscar antes de las próximas elecciones generales, el próximo 29 de noviembre (2009), un cambio de la constitución, a través de un referendo, considerado ilegal por la Corte Suprema, el Congreso y el Fiscal General (y la Comandancia del Ejército), para preparar su reelección y permanencia en el gobierno (para lo cual contó con el apoyo ideológico del grupo ALBA).
Parece lógico que el punto principal que motivó la condena de los gobiernos de los países latinoamericanos forma parte de sus (nuevas) iniciativas políticas de buscar una nueva vía de unión y un nuevo papel para distanciarse de la influencia hegemónica de Estados Unidos y, aprovechando este golpe, demostrar que bajo el liderazgo de Hugo Chávez, su actuación no sirve solamente a una polarización política, sino que incluso puede asumir un papel de mediación.
Todo esto (bajo la bandera) para defender la democracia, principalmente en concordancia y de acuerdo con la política de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Las condenas de la OEA y (en última instancia) de la Secretaría General y Asamblea de la ONU, así como del Presidente Obama de Estados Unidos y de mandatarios de la Unión Europea, han contribuido a que las posiciones radicales y las amenazas de Chávez y de sus seguidores, de enviar incluso tropas para obligar al presidente interino y su gobierno en Honduras, para reponer a Zelaya en la presidencia, se hayan moderado.
En este contexto son dignas de mencionar las medidas de algunos gobiernos, tanto latinoamericanos (México, Argentina, Brasil y los del grupo ALBA, etc.) como europeos (España, Francia, Italia), de no reconocer el gobierno interino del Presidente Micheletti y de retirar temporalmente sus embajadores de Tegucigalpa.
Referente al rechazo unánime del golpe en Honduras en defensa de la democracia instalada en los países latinoamericanos, cabe resaltar que el gobierno de Estados Unidos, dentro de la nueva política del Presidente Obama, actuó bajo la premisa de (nueva) prudencia y moderación, dejando a las naciones de America Latina más espacio para su actuación política y distanciarse de anteriores medidas de su país y no realizar una influencia hegemónica.
De esta manera se hace constar que no solamente no tiene nada que ver con este golpe, sino que dejan aparte todo tipo de protagonismo político contra las actuales corrientes de esta izquierda del "nuevo socialismo del siglo XXI", ni (por el momento) en defensa de sus intereses económicos.
Las posiciones de los gobiernos de las diferentes naciones europeas se pueden sumar en una defensa generalizada de las democracias y de su fortalecimiento en todas partes del mundo, donde existen.
No importan, por lo tanto, ninguna clase de particularidades y justificaciones de un golpe, ni de si favorece a ciertas corrientes ideológicas. Un golpe es un golpe y es condenable, más aún si atenta contra la democracia. Desde este punto de vista sus posiciones de rechazo son correctas y justas.
Finalmente, hay que ponderar las posibles (y graves) consecuencias que pueda tener este golpe (en primer lugar) en la región centroamericana, en caso de que siempre no se restableciera el orden democrático en Honduras.
No se puede negar que entonces el golpe hondureño podría servir de ejemplo: en Guatemala, donde las reformas y proyectos sociales del gobierno del Presidente Álvaro Colom chocan con la oposición, liderada por el ex General Pérez Molina, quien en las últimas elecciones fue el candidato presidencial de amplios círculos conservadores, y que hace poco formuló duras críticas y organizó fuertes protestas contra el gobierno en funciones.
O en El Salvador, donde recién (y por primera vez) llegó Mauricio Funes al gobierno con el partido FMLN de la izquierda guerrillera. No hay que olvidar que tanto en Guatemala como El Salvador existen fuertes raíces de la oligarquía de antaño, e influencias de las familias de gran capital.
[1] Diplomático alemán en retiro.
Trabajó en España, México y Centroamérica.
Realizó amplios viajes por toda América Latina.
Es muy significativo que en las naciones occidentales en general, prevalece –lógicamente (!)- la condena al golpe que se produjo en Tegucigalpa, capital de Honduras, el domingo 28 de junio de 2009.
Se comprende, por un lado, que, por lo menos en el hemisferio occidental, incluyendo los principales países de la Unión Europea, los gobiernos emitieran unánimemente la misma condena que pronunciaron inmediatamente los gobiernos de los países latinoamericanos, con los mismos veredictos.
Estos veredictos, por cierto, los encabezaron en primer lugar los países miembros de la agrupación ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) –de hecho una alianza de los países de izquierda–, seguidos por los de UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas).
Es importante resaltar que las naciones occidentales sancionan y condenan este golpe hondureño sin previo análisis del trasfondo y distinción de los motivos del golpe, que al parecer se originó a instancias de la cúpula del Estado y de la sociedad hondureña (empresarios, funcionarios del estado, comandantes del ejército, parlamentarios).
Por lo tanto, cabe que se formulen preguntas respecto a la representatividad de los "golpistas" y de si el papel del ejército fue por protagonismo propio o en función de ejecutar la voluntad y decisión de las fuerzas políticamente representativas. Si el ejército ejecutó órdenes, no fue golpe militar, pero sí, en todo caso, golpe de estado.
Un golpe de estado contra un presidente legítima y democráticamente es condenable, puesto que atenta contra la voluntad expresada del elector, contra las instituciones y, sobre todo, contra el estado de derecho.
Si los autores intelectuales del golpe fueran los comandantes del ejército las dimensiones serían mucho más graves, pues significarían un retroceso al pasado de Latinoamérica de los años 60 y 70, del pasado siglo XX.
Honduras, uno de los países centroamericanos más pobres, no solamente está rodeado e influenciado de las políticas de gobernantes de los países vecinos con gobiernos de izquierda (Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Paraguay, y desde luego Venezuela y Cuba). Todos ellos seguidores del Presidente Hugo Chávez y su "nuevo socialismo del siglo XXI".
El depuesto Presidente Zelaya, aún como candidato del Partido Liberal en las elecciones de 2004, simpatizaba con esas posturas; pero a lo largo de su gobierno se convirtió en uno de los fieles seguidores de la organización ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).
Es más, hay claros indicios de que Zelaya pretendía seguir los mismos pasos que Chávez (de Venezuela), Correa (de Ecuador) y Morales (de Bolivia) de buscar antes de las próximas elecciones generales, el próximo 29 de noviembre (2009), un cambio de la constitución, a través de un referendo, considerado ilegal por la Corte Suprema, el Congreso y el Fiscal General (y la Comandancia del Ejército), para preparar su reelección y permanencia en el gobierno (para lo cual contó con el apoyo ideológico del grupo ALBA).
Parece lógico que el punto principal que motivó la condena de los gobiernos de los países latinoamericanos forma parte de sus (nuevas) iniciativas políticas de buscar una nueva vía de unión y un nuevo papel para distanciarse de la influencia hegemónica de Estados Unidos y, aprovechando este golpe, demostrar que bajo el liderazgo de Hugo Chávez, su actuación no sirve solamente a una polarización política, sino que incluso puede asumir un papel de mediación.
Todo esto (bajo la bandera) para defender la democracia, principalmente en concordancia y de acuerdo con la política de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Las condenas de la OEA y (en última instancia) de la Secretaría General y Asamblea de la ONU, así como del Presidente Obama de Estados Unidos y de mandatarios de la Unión Europea, han contribuido a que las posiciones radicales y las amenazas de Chávez y de sus seguidores, de enviar incluso tropas para obligar al presidente interino y su gobierno en Honduras, para reponer a Zelaya en la presidencia, se hayan moderado.
En este contexto son dignas de mencionar las medidas de algunos gobiernos, tanto latinoamericanos (México, Argentina, Brasil y los del grupo ALBA, etc.) como europeos (España, Francia, Italia), de no reconocer el gobierno interino del Presidente Micheletti y de retirar temporalmente sus embajadores de Tegucigalpa.
Referente al rechazo unánime del golpe en Honduras en defensa de la democracia instalada en los países latinoamericanos, cabe resaltar que el gobierno de Estados Unidos, dentro de la nueva política del Presidente Obama, actuó bajo la premisa de (nueva) prudencia y moderación, dejando a las naciones de America Latina más espacio para su actuación política y distanciarse de anteriores medidas de su país y no realizar una influencia hegemónica.
De esta manera se hace constar que no solamente no tiene nada que ver con este golpe, sino que dejan aparte todo tipo de protagonismo político contra las actuales corrientes de esta izquierda del "nuevo socialismo del siglo XXI", ni (por el momento) en defensa de sus intereses económicos.
Las posiciones de los gobiernos de las diferentes naciones europeas se pueden sumar en una defensa generalizada de las democracias y de su fortalecimiento en todas partes del mundo, donde existen.
No importan, por lo tanto, ninguna clase de particularidades y justificaciones de un golpe, ni de si favorece a ciertas corrientes ideológicas. Un golpe es un golpe y es condenable, más aún si atenta contra la democracia. Desde este punto de vista sus posiciones de rechazo son correctas y justas.
Finalmente, hay que ponderar las posibles (y graves) consecuencias que pueda tener este golpe (en primer lugar) en la región centroamericana, en caso de que siempre no se restableciera el orden democrático en Honduras.
No se puede negar que entonces el golpe hondureño podría servir de ejemplo: en Guatemala, donde las reformas y proyectos sociales del gobierno del Presidente Álvaro Colom chocan con la oposición, liderada por el ex General Pérez Molina, quien en las últimas elecciones fue el candidato presidencial de amplios círculos conservadores, y que hace poco formuló duras críticas y organizó fuertes protestas contra el gobierno en funciones.
O en El Salvador, donde recién (y por primera vez) llegó Mauricio Funes al gobierno con el partido FMLN de la izquierda guerrillera. No hay que olvidar que tanto en Guatemala como El Salvador existen fuertes raíces de la oligarquía de antaño, e influencias de las familias de gran capital.
[1] Diplomático alemán en retiro.
Trabajó en España, México y Centroamérica.
Realizó amplios viajes por toda América Latina.
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