Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel
Una de las políticas económicas que pone en peligro de quiebra a varios países de Europa y a los Estados Unidos es el sistema de pensiones. Al proyectar los recursos que tienen que inyectar los gobiernos de esos países para cubrir las futuras pensiones, todos los cálculos concluyen que en pocos años, si no hay reformas, no alcanzará el dinero de los impuestos. Y tendrán que recurrir, como Argentina y Uruguay en el siglo pasado, a la emisión monetaria o inflación, que genera aumentos de precios, destruye el ahorro de los trabajadores e incrementa el desempleo.
México se encontraba ante la alternativa de mantener un sistema de pensiones que terminaría con la quiebra de las finanzas públicas o la hiperinflación, como pasó en Argentina y Uruguay, o adoptar un sistema parecido al chileno, donde cada trabajador tiene identificada la cuenta de su futura pensión, gana intereses y se fomenta el ahorro.
En 1997, ante un panorama de quiebra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno instrumentó una reforma parecida a la chilena. Se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro, que a través de las afores abarcó a casi 13 millones de afiliados. A diez años de su instrumentación, aunque todavía con problemas, ha logrado que millones de mexicanos puedan identificar sus cuentas y ahorrar en las mismas sin representar una carga al presupuesto público. Recientemente se realizó una reforma parecida en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que agrupa a cerca de 3 millones de trabajadores.
El ISSSTE está quebrado. En el 2007 se tendrán que tomar cerca de 50,000 millones de pesos del dinero de los impuestos para completar las pensiones y el fondo de salud. Esa cantidad es dos veces y media superior al presupuesto de la UNAM y equivalente al 82% de lo destinado a Desarrollo Social y combate a la pobreza.
A pesar de ser claro el fracaso del viejo sistema de pensiones, hay grupos políticos, los consuetudinarios del “NO”, que buscan descalificar la reforma sin aportar ningún argumento serio para fundamentar su oposición. Ojalá esos grupos antepongan la lógica y la aritmética elemental a obsoletas posiciones ideológicas y políticas que claman por mantener instituciones antieconómicas que le restan recursos a programas para los sectores más pobres del país.
Una de las políticas económicas que pone en peligro de quiebra a varios países de Europa y a los Estados Unidos es el sistema de pensiones. Al proyectar los recursos que tienen que inyectar los gobiernos de esos países para cubrir las futuras pensiones, todos los cálculos concluyen que en pocos años, si no hay reformas, no alcanzará el dinero de los impuestos. Y tendrán que recurrir, como Argentina y Uruguay en el siglo pasado, a la emisión monetaria o inflación, que genera aumentos de precios, destruye el ahorro de los trabajadores e incrementa el desempleo.
México se encontraba ante la alternativa de mantener un sistema de pensiones que terminaría con la quiebra de las finanzas públicas o la hiperinflación, como pasó en Argentina y Uruguay, o adoptar un sistema parecido al chileno, donde cada trabajador tiene identificada la cuenta de su futura pensión, gana intereses y se fomenta el ahorro.
En 1997, ante un panorama de quiebra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno instrumentó una reforma parecida a la chilena. Se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro, que a través de las afores abarcó a casi 13 millones de afiliados. A diez años de su instrumentación, aunque todavía con problemas, ha logrado que millones de mexicanos puedan identificar sus cuentas y ahorrar en las mismas sin representar una carga al presupuesto público. Recientemente se realizó una reforma parecida en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que agrupa a cerca de 3 millones de trabajadores.
El ISSSTE está quebrado. En el 2007 se tendrán que tomar cerca de 50,000 millones de pesos del dinero de los impuestos para completar las pensiones y el fondo de salud. Esa cantidad es dos veces y media superior al presupuesto de la UNAM y equivalente al 82% de lo destinado a Desarrollo Social y combate a la pobreza.
A pesar de ser claro el fracaso del viejo sistema de pensiones, hay grupos políticos, los consuetudinarios del “NO”, que buscan descalificar la reforma sin aportar ningún argumento serio para fundamentar su oposición. Ojalá esos grupos antepongan la lógica y la aritmética elemental a obsoletas posiciones ideológicas y políticas que claman por mantener instituciones antieconómicas que le restan recursos a programas para los sectores más pobres del país.
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