Por: Equipo yoinfluyo.com diciembre / 2009 El gobierno del presidente Felipe Calderón no es el mismo que comenzó hace tres años. Desgastado, golpeado con el trágico fallecimiento de uno de sus miembros, con múltiples movimientos al interior del mismo y con la carrera presidencial ya iniciada, no parece haber mucho hacia adelante. ¿Qué se puede esperar de un gobierno anclado en la cerrazón y obnubilado por logros que sólo éste reconoce? A las 9:00 horas del 1 de diciembre de hace tres años, el entonces presidente electo entró al palacio Legislativo de San Lázaro por la puerta de atrás, entre traspiés, tropiezos, y obstáculos. Parece que ésta sería la premonición de lo que después vendría para el gobierno de Felipe Calderón. El que se autodenominó "el candidato del empleo" comenzó su gestión implementando políticas públicas encaminadas a combatir la inseguridad y el crimen organizado. Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, ex funcionarios del foxismo, aseguran en su obra conjunta "El narco: la guerra fallida", que la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Calderón es falaz, dado que las evidencias sobre las que se sustentó la acción no son tan firmes como el gobierno planteó. Aunado a ello, los indicadores en materia de seguridad pública no parecen mejorar. Tan solo diremos que el número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, desde diciembre de 2006 y hasta agosto pasado, asciende a las 14 mil personas. En medio de esto, el presidente Calderón mantiene en su cargo a un funcionario de seguridad pública tan cuestionado como Genaro García Luna, acusado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C., de encabezar redes de protección a secuestradores y narcotraficantes. Es de reconocerse, sin embargo, que el segundo presidente de la República emanado del Partido Acción Nacional (PAN), institución marcada por su enfática defensa de la vida desde la concepción, interpuso vía la PGR una controversia constitucional contra las legislaciones pro aborto que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en abril de 2007. En la misma línea, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, apenas el pasado 26 de noviembre, reconoció que el aborto debe estar prohibido por cualquier legislación, lo que provocó abundantes críticas de sectores de izquierda. No obstante, si el gobierno de Calderón se pronuncia en estos temas, cómo entender que el propio secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, (quien se candidatea a sí mismo para la gubernatura de Guanajuato) se declare opositor de los anticonceptivos, pero al poco tiempo se desdiga. Cómo comprender que marche al lado de homosexuales por Paseo de la Reforma y que promueva desde su cargo la NOM 46, aquella norma patrocinada por asociaciones que se benefician económicamente con el aborto, como la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) y el organismo internacional IPAS, entre otras. Vaya congruencia. Pero no sólo los funcionarios gubernamentales actúan de forma diferente a lo que pregonan. Es el propio presidente Calderón quien parece olvidar aquello contra lo que muchos años luchó en la época priísta: que el partido en el gobierno tiene vida propia. En su momento fue Germán Martínez y ahora César Nava. Ambos como administradores de una estructura que, cuando era autónoma, asumía acciones y discurso divergentes incluso al presidente en turno. El PAN ha visto pasar a dos presidentes nacionales sin poder real de decisión. Hasta ahora no ha habido una sola acción que evidencie una voluntad real de transformación de las estructuras, sistemas e instituciones que rigen la vida pública del país. El caso de Luz y Fuerza del Centro bien pudiera encajar en la anterior descripción; sin embargo, si no se combate con el mismo empeño a otras entidades y sindicatos que resultan aún más gravosos para la sociedad mexicana, bien pudiéramos pensar que se trató de una maniobra para limpiar al país de corruptos incómodos para el sistema. Las elecciones intermedias de julio pasado fueron un mensaje para el gobierno actual, y para la clase política en general, del descontento que hoy impera en el ambiente nacional. Aunque conocen las demandas generales, nuestros políticos se muestran insensibles para dar cauce a las mismas. ¿Por qué decidió el presidente alejarse de su partido, de sus otrora aliados, de aquellos actores –empresarios, organismos de la sociedad civil, organizaciones religiosas– que pudieron ayudarle a salir adelante? ¿Por qué se empeñó en vincularse con aquéllos que pugnan por el mantenimiento del status quo e, incluso, por la regresión política? ¿Y nosotros, ciudadanos, nos quedaremos mirando desde la tribuna? El ocaso del gobierno de Calderón ha comenzado. Quedan tres años de gobierno en los que el tema primordial será la redefinición de grupos y fuerzas políticas con miras a la elección presidencial de 2012. La mediocridad con la que ha salido del paso en esta primera mitad podría ser un augurio de lo que viene: más estatismo. Pero eso no es lo que como país queremos ni necesitamos. El asunto clave para avanzar está en la voluntad política. Si los acuerdos e iniciativas, emanadas de cualquier lado, carecen de voluntad política, no hay forma de mirar hacia adelante. Nuestra agenda como país es amplia: tenemos pendiente, en principio, reconocer nuestra historia sin prejuicios ni infructuosos recelos. Qué mejor oportunidad que el Bicentenario de la Independencia que se conmemorará el próximo año. Esforzarnos por recuperar la identidad nacional sería el primer gran paso. Debemos pensar en el rediseño de las instituciones y del sistema político mexicano en su conjunto. El procedimiento ya lo conocemos: desde el poder se definen las líneas, estrategias y ejes a seguir como país. Y nos damos cuenta que ese modelo ha fracasado. Requerimos un gran pacto, un acuerdo nacional en el que participen organizaciones no gubernamentales, servidores públicos, académicos, empresarios y sindicatos. Un acuerdo que rediseñe el sistema de justicia, que renueve el modelo económico que perdió vigencia, que garantice la transparencia en el ejercicio de los bienes y recursos públicos, incluidos los cargos de gobierno. Los ciudadanos debemos salir a la calle para reunirnos entre vecinos, para participar y exigir. Aún más los que tenemos la oportunidad de involucrarnos en los asuntos públicos. México es nuestra responsabilidad. No es sólo de Calderón, de Beltrones, de Elba Esther o de cualquiera que se coloque en un cargo público. Es, sobre todo, de los que queremos seguridad, un sistema tributario justo, leyes que defiendan la vida, de los que nos duele la pobreza que vemos en las calles, de los que creemos que México también puede significar liderazgo, oportunidades, creatividad, coraje, valentía y tesón. Ciudadanos de México, es nuestra hora. «EL RESPETO A LA LEY ENALTECE NUESTRO ESPÍRITU» . |
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