Por: Antero Duks Con los cambios al régimen de consolidación fiscal varias empresas no tendrán suficiente liquidez para cubrir sus deudas, por lo que su crecimiento será limitado o, incluso, podría derivar en despidos masivos. El socio-director del área legal de Ernst & Youg, Herbert Bettinger, explicó que estos serían algunos impactos, luego que tales gastos no estaban contabilizados para realizarse en 2010. En conferencia de prensa, dijo que otro efecto negativo para las empresas será en el tema de inversiones, ya que deberán ser muy cuidadosos. "Creemos que la mayor parte de las empresas no van a tener liquidez para pagar, pero también consideramos que la Secretaría de Hacienda va a considerarlo y otorgue ciertas facilidades por lo menos para el próximo año, para pagar algo que no estaba previsto", precisó. Así están las cosas en nuestro querido México. Nadie está conforme con lo que tiene y su responsabilidad. Por otra parte, al pronunciarse por una profunda renovación institucional, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, expuso que todo aparato del Estado capaz de imprimir actos de fuerza en el sistema legal debe estar subordinado a autoridades democráticas, para evitar que organizaciones criminales ocupen espacios políticos. Al inaugurar la mesa redonda internacional "La democracia en una encrucijada: el reto del financiamiento ilícito de la política", insistió en que las instituciones de fuerza del Estado deben estar subordinadas a mandos democráticos, es decir a personas electas mediante el sufragio universal, directo y secreto. "No puede caber autonomía posible de los aparatos de fuerza y éste principio fundamental genera un incentivo real para las organizaciones criminales para buscar ocupar los espacios políticos, a fin de poder consolidar su capacidad de frenar la interferencia estatal en sus actividades criminales", advirtió. El responsable de la política interna del país reconoció que hoy por hoy dentro de las vulnerabilidades que ofrece la globalización, también está la operatividad de organizaciones criminales, que se manejan bajo una lógica que sobrepasa cualquier esquema vinculado a las instituciones nacionales. Comentó que las organizaciones criminales no respetan frontera, para ellos existe oferta y demanda; su lógica es económica, e inclusive su lógica política está subordinada a finalidades económicas. "Entre los retos que tienen las instituciones de Estado en México, a fin de poderse blindar frente a esos fenómenos internaciones, en primer lugar está la cooperación internacional; esto es, superar las reticencias que se dan entre Estados para la colaboración para la lucha contra la delincuencia organizada", explicó. Este es uno de los retos en que se avanza, pero se debería avanzar más rápido. "Si los gobiernos se movieran a la velocidad que se mueve la información, otro gallo cantaría", aseveró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). Gómez Mont Urueta indicó que los gobiernos debilitan muchas de sus herramientas si no reconocen que una ciudadanía bien organizada es la mejor defensa contra el abuso y la corrupción. En México, abundó, se presentan nuevos riesgos que no se habían visto con anterioridad, porque no existían o porque ha sido posible evolucionar institucionalmente y se han acelerado los procesos de conocimiento y la supervisión social sobre la instituciones públicas. Sin embargo, refirió, "éste es un peligro que estamos resolviendo y que podemos resolver; las democracias maduras lo van haciendo con toda claridad". Ahora realidades añejas se vuelven patentes al análisis social y el proceso de la modernización en México pasa por la consolidación de instituciones dentro de los campos democrático y de la organización electoral. En este marco, precisó que el Instituto Federal Electoral (IFE) cuenta con nuevas herramientas de fiscalización, en tanto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) posee mejores mecanismos de control sobre la capacidad de fiscalización de los organismos encargados de ello. Además, en el país hay una tendencia al asentamiento de la política de transparencia y un debate para someter a todos los órganos de gobierno a las mismas exigencias de transparencia, aseguró el funcionario federal. "Si la federación hoy puede someterse a esquemas de transparencia y rendición de cuentas, someterse al control de autoridades judiciales independientes, hoy asumimos que son condiciones naturales del ejercicio del poder público que deben ser impuestas a otros niveles de gobierno", comentó. El titular de Gobernación dejó claro que la transformación institucional de México pasa por la profundización de los requisitos de exigencia a los que debe estar sometido el ejercicio de poder en el país; "ese es un debate en México, ese es un debate en el mundo". En este marco, afirmó que a la lucha por blindar y establecer nuevas barreras de entrada a la competencia política se debe agregar la disminución de sus costos. Fernando Gómez Mont resaltó que el encarecimiento de los procedimientos electorales genera incentivos para que los poderes de hecho o de derecho que tienen capacidad de financiamiento, alteren o atenten contra los procesos democráticos. "Bajar los costos de la participación política sin perder un esquema de asignación de responsabilidades, hacerlo bajo una articulación institucional suficientemente democrática es el reto de transformación al que estamos convocados en los próximos meses todos los mexicanos", abundó. Para ello el secretario de Gobernación convocó a dejar atrás el "trauma histórico" que generó el Porfiriato para permitir la reelección de legisladores y presidentes municipales, no así la del presidente de la República o de gobernadores. «LA ORACIÓN DEL QUE SE HUMILLA PENETRARÁ HASTA LAS NUBES» |
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