Autor: Denise Dresser
Si Madame Calderón de la Barca escribiera hoy su famoso libro La vida en México, tendría que cambiarle el título a Oligopolilandia. Porque desde el primer momento en el que pisara el país se enfrentaría a los síntomas de una economía oligopolizada y un gobierno impotente. Aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mundo, se vería asediada por maleteros que controlan el servicio, sólo podría tomar taxis de una compañía y, si tuviera que cargar gasolina, lo haría nada más en Pemex. En el hotel habría el 75% de probabilidades de que consumiera una tortilla vendida por un solo distribuidor y si se enfermara del estómago y necesitara ir a una farmacia, descubriría que las medicinas allí cuestan más que en otros lugares que ha visitado. Si le hablara de larga distancia a su esposo para quejarse de esta situación, pagaría entre las tarifas más elevadas de la OCDE. Y si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato, descubriría que sólo existen dos cadenas.
Si decidiera hablar a Teléfonos de México para reclamar los cargos adicionales e inexplicables que le han hecho a su celular recién adquirido, la mantendrían en la línea un par de horas. Después de transferirla con dos secretarias y la prima del supervisor, le dirían que debe presentarse personalmente en las oficinas de la compañía para aclarar su caso. Si ya allí se parara en la cola durante horas e iniciara un proceso de revisión, de cualquier manera le cortarían el servicio, aunque es ilegal hacerlo. Si Madame Calderón de la Barca —persistente, ella— contratara a un abogado y peleara para recuperar su dinero, el representante de Telmex le diría que, como está cancelado el servicio, ella "no es cliente de la empresa" y, por lo tanto, el reclamo no procede. Entonces la pobre Madame descubriría que está atrapada en un país donde como ciudadana y como consumidora no existe. No tiene derechos. No hay quién luche por ellos.
Indignada ante el abuso y la impunidad, haría uso de la Ley Federal de Acceso a la Información y presentaría una solicitud a la Comisión Federal de Telecomunicaciones pidiendo la documentación del seguimiento efectuado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del título de concesión de Telmex. En pocas palabras, Madame Calderón de la Barca querría saber si la compañía ha cumplido con las obligaciones que el gobierno le impuso después de su privatización en 1990. Querría también saber si el órgano regulador ha cumplido con la misión para la cual fue creado. Querría evaluar si hay alguien encargado de vigilar el interés público en nombre de los ciudadanos. Y cúal sería su horror al recibir la respuesta a su petición: la dependencia le informa que "la autoridad aún no ha elaborado un documento que contenga propuestas de sanciones a Telmex derivado de posibles incumplimientos de las condiciones del título de concesión, dado que la revisión de los mismos aún no ha concluido [número de expediente 104507]". Madame Calderón quedaría estupefacta, dado que la Cofetel comenzó la investigación en 1998 y, nueve años después, no la ha podido concluir, aun cuando Telmex ha incurrido en violaciones flagrantes.
Entendería por qué Luis Téllez, el secretario de Comunicaciones y el propio Felipe Calderón, presidente de la República, argumentan que la Cofetel está "capturada" por los intereses —en este caso los de Carlos Slim— que debería regular. Lo que la pobre mujer no alcanzaría a comprender es por qué ninguno de los dos hace algo al respecto. Por qué el Sr. Téllez, en cada coctel que se lo encuentra, le dice que confíe en él y que sí está en favor de la competencia, pero al mismo tiempo declara la inexistencia de monopolios y se para una y otra vez del lado de quienes los controlan. No comprendería por qué el Sr. Téllez se queja del "protagonismo" del Eduardo Pérez Motta —presidente de la Comisión Federal de Competencia— y parece exigir su contención, junto con los empresarios oligopólicos que se quejan en Presidencia de él. Pero aún más grave: no lograría concebir que el Ejecutivo mismo abdique de su responsabilidad y posponga decisiones que podría tomar —hoy— para fomentar una economía más competitiva y menos onerosa para los consumidores del país que gobierna. Preguntaría por qué el gobierno no ha tenido la voluntad política para hacer lo que debería en nombre de sus ciudadanos.
Y luego, Madame Calderón de la Barca lamentaría el tipo de estructura económica que México ha creado. Un lugar donde las fortunas oligopólicas se contruyen a partir de la protección política y no de la innovación empresarial. Donde aquellos que Jorge Zepeda Patterson —en su nuevo libro— llama "los amos de México", han promovido la extracción de rentas en lugar de la promoción de mercados competitivos. Donde el crecimiento es menor que en el resto de América Latina, debido a los cuellos de botella que los oligopolios han diseñado, y sus amigos en el gobierno les ayudan a defender. Y ella, junto con millones de mexicanos más, sabría que México no podrá salir de la mediocridad en la que se encuentra si no rediseña sus instituciones para regular mejor a los empresarios que diariamente lo expolian. Si el gobierno no comienza a tomar en cuenta a los consumidores, en lugar de recurrir a la vieja solución salinista: "A esos, ni los veo ni los oigo".
Y la Sra. Calderón de la Barca, cuya larga lista de penurias con los aeropuertos y los maleteros y los taxis y las gasolineras y la telefonía y la televisión, son las mismas que padecen tantos mexicanos más, exhortaría a los habitantes de México a indignarse y exigir que Luis Téllez y Felipe Calderón y los miembros de la Cofetel —entre tantos— hagan su trabajo. A enojarse y demandar que el Congreso apoye una iniciativa legislativa diseñada por el Departamento de Derecho del ITAM, para permitir demandas colectivas, mejor conocidas en otros países como class action. A organizarse y apoyar organizaciones como Al Consumidor, cuyo objetivo es defender los derechos de quienes ni siquiera saben que los tienen. Porque lo peor de Oligopolilandia es que se ha erigido sobre los cimientos de una ciudadanía desinformada, tolerante, victimizada, apática. Acostumbrada a pagar más que los habitantes de otras latitudes por bienes y servicios de menor calidad. Acostumbrada a la expoliación y sintiendo que no tiene más remedio que rendirse ante ella. Pero no es así: el país no le pertenece a los oligopolios y todo mexicano tiene la obligación de recuperarlo. Porque la palabra "oligopolio" deriva del vocablo griego "pocos vendedores". Ante ellos habrá que enfrentar los derechos de muchos ciudadanos.
Si decidiera hablar a Teléfonos de México para reclamar los cargos adicionales e inexplicables que le han hecho a su celular recién adquirido, la mantendrían en la línea un par de horas. Después de transferirla con dos secretarias y la prima del supervisor, le dirían que debe presentarse personalmente en las oficinas de la compañía para aclarar su caso. Si ya allí se parara en la cola durante horas e iniciara un proceso de revisión, de cualquier manera le cortarían el servicio, aunque es ilegal hacerlo. Si Madame Calderón de la Barca —persistente, ella— contratara a un abogado y peleara para recuperar su dinero, el representante de Telmex le diría que, como está cancelado el servicio, ella "no es cliente de la empresa" y, por lo tanto, el reclamo no procede. Entonces la pobre Madame descubriría que está atrapada en un país donde como ciudadana y como consumidora no existe. No tiene derechos. No hay quién luche por ellos.
Indignada ante el abuso y la impunidad, haría uso de la Ley Federal de Acceso a la Información y presentaría una solicitud a la Comisión Federal de Telecomunicaciones pidiendo la documentación del seguimiento efectuado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del título de concesión de Telmex. En pocas palabras, Madame Calderón de la Barca querría saber si la compañía ha cumplido con las obligaciones que el gobierno le impuso después de su privatización en 1990. Querría también saber si el órgano regulador ha cumplido con la misión para la cual fue creado. Querría evaluar si hay alguien encargado de vigilar el interés público en nombre de los ciudadanos. Y cúal sería su horror al recibir la respuesta a su petición: la dependencia le informa que "la autoridad aún no ha elaborado un documento que contenga propuestas de sanciones a Telmex derivado de posibles incumplimientos de las condiciones del título de concesión, dado que la revisión de los mismos aún no ha concluido [número de expediente 104507]". Madame Calderón quedaría estupefacta, dado que la Cofetel comenzó la investigación en 1998 y, nueve años después, no la ha podido concluir, aun cuando Telmex ha incurrido en violaciones flagrantes.
Entendería por qué Luis Téllez, el secretario de Comunicaciones y el propio Felipe Calderón, presidente de la República, argumentan que la Cofetel está "capturada" por los intereses —en este caso los de Carlos Slim— que debería regular. Lo que la pobre mujer no alcanzaría a comprender es por qué ninguno de los dos hace algo al respecto. Por qué el Sr. Téllez, en cada coctel que se lo encuentra, le dice que confíe en él y que sí está en favor de la competencia, pero al mismo tiempo declara la inexistencia de monopolios y se para una y otra vez del lado de quienes los controlan. No comprendería por qué el Sr. Téllez se queja del "protagonismo" del Eduardo Pérez Motta —presidente de la Comisión Federal de Competencia— y parece exigir su contención, junto con los empresarios oligopólicos que se quejan en Presidencia de él. Pero aún más grave: no lograría concebir que el Ejecutivo mismo abdique de su responsabilidad y posponga decisiones que podría tomar —hoy— para fomentar una economía más competitiva y menos onerosa para los consumidores del país que gobierna. Preguntaría por qué el gobierno no ha tenido la voluntad política para hacer lo que debería en nombre de sus ciudadanos.
Y luego, Madame Calderón de la Barca lamentaría el tipo de estructura económica que México ha creado. Un lugar donde las fortunas oligopólicas se contruyen a partir de la protección política y no de la innovación empresarial. Donde aquellos que Jorge Zepeda Patterson —en su nuevo libro— llama "los amos de México", han promovido la extracción de rentas en lugar de la promoción de mercados competitivos. Donde el crecimiento es menor que en el resto de América Latina, debido a los cuellos de botella que los oligopolios han diseñado, y sus amigos en el gobierno les ayudan a defender. Y ella, junto con millones de mexicanos más, sabría que México no podrá salir de la mediocridad en la que se encuentra si no rediseña sus instituciones para regular mejor a los empresarios que diariamente lo expolian. Si el gobierno no comienza a tomar en cuenta a los consumidores, en lugar de recurrir a la vieja solución salinista: "A esos, ni los veo ni los oigo".
Y la Sra. Calderón de la Barca, cuya larga lista de penurias con los aeropuertos y los maleteros y los taxis y las gasolineras y la telefonía y la televisión, son las mismas que padecen tantos mexicanos más, exhortaría a los habitantes de México a indignarse y exigir que Luis Téllez y Felipe Calderón y los miembros de la Cofetel —entre tantos— hagan su trabajo. A enojarse y demandar que el Congreso apoye una iniciativa legislativa diseñada por el Departamento de Derecho del ITAM, para permitir demandas colectivas, mejor conocidas en otros países como class action. A organizarse y apoyar organizaciones como Al Consumidor, cuyo objetivo es defender los derechos de quienes ni siquiera saben que los tienen. Porque lo peor de Oligopolilandia es que se ha erigido sobre los cimientos de una ciudadanía desinformada, tolerante, victimizada, apática. Acostumbrada a pagar más que los habitantes de otras latitudes por bienes y servicios de menor calidad. Acostumbrada a la expoliación y sintiendo que no tiene más remedio que rendirse ante ella. Pero no es así: el país no le pertenece a los oligopolios y todo mexicano tiene la obligación de recuperarlo. Porque la palabra "oligopolio" deriva del vocablo griego "pocos vendedores". Ante ellos habrá que enfrentar los derechos de muchos ciudadanos.
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