lunes, 30 de noviembre de 2009

La unión entre homosexuales no es un problema público

Por: Jesús Caudillo


noviembre / 2009



¿Qué relevancia tiene para la ciudad de México que las sociedades de convivencia se asuman como "matrimonios"? En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal existe una iniciativa que busca lograr que las uniones entre personas del mismo sexo tengan el reconocimiento de matrimonio. ¿Es prioritaria la propuesta?


De acuerdo con medios de circulación nacional, las tarifas del servicio de agua aumentarán en marzo de 2010 en el Distrito Federal, mientras que, en contraste, el suministro del vital líquido ha disminuido hasta 60 por ciento en los últimos meses.


Por otro lado, el propio Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, en agosto pasado reconoció el aumento de los índices de inseguridad en la ciudad de México, hecho que atribuyó a la crisis económica por la que atraviesa el país. Por si fuera poco, la tasa de desempleo en la entidad es de 8.6 por ciento al cierre de 2009, lo que significa que hay alrededor de 370 mil personas entre 18 y 36 años que no tienen trabajo.


¿Y con este panorama algunos diputados del PRD se atreven a promover en la Asamblea Legislativa el reconocimiento del "matrimonio" entre personas del mismo sexo? No cabe duda que la imaginación y el cinismo puede llegar a niveles insospechados en esta clase política. Usar recursos públicos para causas particulares, genuinamente excluyentes, sectarias y que responden a fines ajenos al interés público de los habitantes del Distrito Federal es deleznable.


Como es evidente para el que lo quiera ver, el "matrimonio" entre homosexuales no es ni puede ser un problema público en el que el Estado deba intervenir para legislar, regular o ejercer el legítimo uso de la fuerza. Una prueba de ello es que en tres años de vigencia, en una ciudad conformada por más de 8 millones de habitantes, únicamente 680 sociedades de convivencia se han amparado por la ley del mismo nombre.


Hay problemas históricos, latentes, claros y flagelantes que deben ser resueltos, antes que analizar cualquier propuesta de esta índole, como los que ya expusimos: la escasez de agua, la inseguridad y el desempleo en el Distrito Federal.


Ahora bien, como hemos dicho, hace tres años que el mismo órgano que hoy propone la nueva ley, aprobó las sociedades de convivencia. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la ley anterior y la que se ha propuesto? Precisamente es equiparar las uniones homosexuales con la figura jurídica del matrimonio.


La confusión impera, sin embargo, cuando recordamos que en 2006 lo que grupos y asociaciones de homosexuales pedían era esto mismo: modificar sus relaciones con la sociedad mexicana. Lo lograron con la ley de Sociedades de Convivencia y hoy dicen que no les fue suficiente. ¿Ahora tendremos que soportar nuevas presiones, agresiones, insultos y espectáculo en la agenda pública porque quieren ser reconocidos como "matrimonio"?


La ciudad de México requiere políticos, instituciones, gobernantes y ciudadanos que realmente se avoquen a trabajar en aras del bien común y no en función de intereses que responden a grupúsculos minoritarios. Los problemas saltan a la vista. Como muestra, hemos mencionado tres: la escasez de agua, la inseguridad y la falta de empleo, aunque hay muchos más, como la trata de blancas, el asentamiento de grupos del crimen organizado en la capital, entre otros.


A nosotros los ciudadanos nos toca reclamar que nuestros impuestos se ejerzan de manera coherente en la promoción e implementación de políticas públicas que realmente beneficien a nuestra sociedad. Que erradiquen el secuestro y la impunidad, que trabajen por conseguir inversión para la ciudad de México, que se concentren en destruir los nodos de corrupción que corroen a las instituciones locales, que arreglen al Sistema de Aguas, que limpien de basura nuestro territorio, que se empeñen en dar educación no sesgada en las escuelas del Distrito Federal.


Si no son capaces de ser personas con verdadera vocación a la política, al menos que desde el poder no pretendan atender oscuros intereses cuando hay ciudadanos que ponemos atención a lo que hacen y que no permitiremos legislaciones contrarias al interés público. De nosotros, ciudadanos, depende que los vividores de la política dejen de serlo. Reclamemos, exijamos cuentas claras y legislaciones coherentes con la realidad sociopolítica actual. La pelota está en nuestro terreno. Nos toca jugar a nosotros.




«LA ORACIÓN DEL QUE SE HUMILLA PENETRARÁ HASTA LAS NUBES»




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