El Sindrome "Peje"

Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel

"La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie"

Relata el cuento que cuando Dios estaba procesando la creación del mundo, un ángel que lo asistía se dio cuenta de que a un país lo estaba dotando con exageradas riquezas naturales ---costas, montañas, bosques, llanuras, desiertos, minerales, selvas, etc.--- a diferencia de otros que relativamente poco les daba. El ángel extrañado, con un dejo de preocupación reflejado en su rostro, le inquirió: “Señor, sin dudar de tu infinita sabiduría y omnipotente justicia, ¿por qué a este país lo dotas con tantas riquezas a diferencia de otros que relativamente poco les das?” El Señor lo miró de reojo, vio su rostro de preocupación y le contestó: “Mira, este país se llamará México, y si, efectivamente, tienes razón, creo que lo estoy superdotando en bienes naturales, pero, para balancearlo con respecto a los otros países, colocaré ahí a los mexicanos.”

El cuento fue escrito en México y por un mexicano, obviamente en forma anónima, pero, aparte de demostrar que nosotros ni la auto-burla perdonamos, nos define tal y como somos realmente.
Estamos destruyendo todo a pasos agigantados nuestro rico entorno. Hay leyes ---son el medio del que se provee el ser humano para transitar por la vida, obviamente en nuestro sistema comunitario, en forma segura y adecuada--- para protegerlo, ¡ah, pero no! A nosotros los mexicanos nos gusta burlarnos de las leyes y de las instituciones. Nos sobran argumentos para justificar las violaciones, siempre encontramos la puerta fácil, para eso nos pintamos solos.

El tema da para escribir muchos tratados, pero aquí me limitaré a un solo aspecto: La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM).

El 25 de abril de 2001, las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda, del Congreso de la Unión, presentaron la iniciativa de decreto por el que sea crea la referida Ley.

Expresó la mencionada iniciativa que, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CNP), en 10 años más el país alcanzará los 10 millones de habitantes con 60 años y más, y que para el año 2025 serán 17 millones de Adultos Mayores (término que actualmente se usa para referirse a los ancianos). Argumenta la iniciativa que la expectativa de vida actual alcanza los 74 años en entornos sociales y económicos favorable, con la respectiva diferencia de genero. Además, de que en opinión del CNP, el sector de personas en edad avanzada será demográficamente el más dinámico ya que, no sólo aumentará continuamente su magnitud, sino que lo hará de manera rápida.

Resalta la misma, que los adultos mayores son victimas del abandono, el maltrato, la marginación y hasta la indigencia. Aún en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de los ancianos.

Aunado a lo anterior, la iniciativa las condiciones desiguales e inequitativas por las cuales se margina a este sector del empleo y de los ingresos que pudieran mitigar sus carencias.

Las desventajas sociales y laborales expuestas, el proyecto agrega la enfermedad, la discapacidad, el deterioro moral y emocional, agudizando el proceso de desgaste; con ello, disminuye la autonomía, se limitan sus relaciones afectivas y los roles social y familiar que les confieren un status digno y dinámico.

Como parte de la motivación del proyecto de ley, se enuncia el reclamo de los adultos mayores de nuestro país hacía una cultura de respeto y solidaridad, porque se reconozca su contribución a la nación, la valorización de sus capacidades y experiencias, la aceptación y comprensión de sus limitaciones, su derecho a vivir dignamente con seguridad y certeza jurídica, a continuar activos y desarrollándose social, cultural y productivamente, así como al acceso con justicia a los beneficios asistenciales de protección y seguridad social conquistados por el pueblo mexicano.

Se infiere de la iniciativa, el reto de formular una estrategia integral que atienda a las necesidades de las personas adultas mayores así como de quienes lo serán en el futuro.

Otras de las consideraciones que sustentan la LDPAM, según su exposición de motivos, es que las leyes responden a necesidades sociales y a la intención de construir marcos de convivencia donde la diversidad adquiera elementos de cohesión e identidad.

En este sentido, el reconocimiento de los derechos de los otros, sean indígenas, sean adultos mayores en toda su heterogeneidad ---matrimonios, viudas, viudos, solteras o solteros, jubilados, pensionados, enfermos o discapacitados--- o los demás grupos sociales denominados “vulnerables”, es uno de esos elementos de identidad que fortalece socialmente a una nación, a sus instituciones y a cada uno de los individuos que la integran. En esto radica la importancia del derecho social y de las leyes que nos rigen, de acuerdo con la propuesta.

La Ley en comento fue aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de abril de 2002: el decreto correspondiente fue firmado por el Ejecutivo de la Nación el 21 de junio de 2002 y, finalmente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. Entró en vigor, según el Artículo Primero Transitorio, a los treinta días de su publicación, o sea el 26 de julio de 2002.

Pero ¿qué ha pasado desde entonces?, bueno, pues lo que pasa con todos las leyes en nuestro querido país, nadie la hace caso, ni siquiera la conocen; ¡vamos, ni los que deberían conocerla y observarla lo hacen! Si no, vaya usted a cualquier juzgado, agencia del ministerio público o sindicatura que usted elija y le apuesto doble contra sencillo que ni siquiera saben que existe. Además, y es muy triste reconocerlo y decirlo, la ciudadanía ---me atrevo a decir que cuando menos el 95%--- tampoco la conocen. Originalmente se planeó efectuar foros en los municipios para su divulgación, pero todo, para no ser excepción, se quedó en buenas intenciones. Así se cuecen las habas en nuestro querido México. ¡Ah!, pero que tal la arrebatinga para conseguir hueso a la hora de las elecciones.

Como resultado de esta ignorancia y falta de interés por conocer las leyes, vemos con tristeza que a diestra y siniestra se cometen vejaciones en contra de los adultos mayores. Ejemplo de esto es el despojo de que ha sido –y está siendo—objeto el señor Ambrosio Gómez García.

Ambrosio es, lo que seguramente confirman las personas que lo conocen, una persona honesta y sencilla. Trabajó ardua y responsablemente durante muchos años para brindar a su familia ---su esposa Adelaida Martínez Hinojosa y sus seis hijos--- lo necesario para llevar una vida digna y de provecho. Durante su largo camino de trabajador, procuró ahorrar para crear un patrimonio, así finalmente adquirió un terreno para dejarles algo a cada uno de sus hijos.

Sin embargo, el gozo se le está yendo al pozo, pues ahora, ya viejo y mermado en su capacidad física, material y económica para luchar, un grupo de pelafustanes, buenos sólo para medrar a costa de otros, invadieron su propiedad nada más porque se les antojó y obviamente al conjuro de lideres tinterillos que nada más están buscando para ver a quien friegan.

Hasta la fecha ese ilegal despojo se ha mantenido impune, pues no han valido los reclamos que

ha hecho Ambrosio por la vía legal. Si esto de por sí es lamentable, peor aún resulta, según se desprende de los hechos y ahora que estamos en la época del sospechosismo, el que las autoridades están solapando esta ignominia.

Cundió en nuestro país el virus del Síndrome “Peje” ---desacatar la Ley e irrespetar las instituciones--- con el beneplácito público. “Démosle vuelo a la hilacha, al cabo y qué…?”