Enrique Galván-Duque Tamborrel
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que su fallo en el caso de la periodista Lydia Cacho no otorga impunidad a quienes cometieron algún delito. Margarita Luna Ramos, ministra de la SCJN, dijo: “lo único que resolvió la Corte es que no quedó demostrado el concierto entre autoridades del Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista Lydia Cacho, lo cual no significa que otras autoridades no puedan o deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad, esto es, de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan acometido actos delictivos”. A través de la ministra Margarita Luna Ramos, la Corte reiteró que la conversación telefónica entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, fue obtenida de manera ilegal. “La premisa de la que parte la solicitud de investigación fue una grabación obtenida en franca violación al artículo 16 de la Constitución y por tanto no tiene valor probatorio alguno”, expresó Margarita Luna Ramos. Añadió que sus resoluciones atienden el interés superior, aunque no resulten populares. “La jurisdicción debe ejercerse siempre en libertad. Libertad a fin de poner siempre primero al derecho. Libertad que implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular, y a veces de fácil comprensión para grupos muy numerosos de la sociedad”, manifestó Luna Ramos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que su fallo en el caso de la periodista Lydia Cacho no otorga impunidad a quienes cometieron algún delito. Margarita Luna Ramos, ministra de la SCJN, dijo: “lo único que resolvió la Corte es que no quedó demostrado el concierto entre autoridades del Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista Lydia Cacho, lo cual no significa que otras autoridades no puedan o deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad, esto es, de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan acometido actos delictivos”. A través de la ministra Margarita Luna Ramos, la Corte reiteró que la conversación telefónica entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, fue obtenida de manera ilegal. “La premisa de la que parte la solicitud de investigación fue una grabación obtenida en franca violación al artículo 16 de la Constitución y por tanto no tiene valor probatorio alguno”, expresó Margarita Luna Ramos. Añadió que sus resoluciones atienden el interés superior, aunque no resulten populares. “La jurisdicción debe ejercerse siempre en libertad. Libertad a fin de poner siempre primero al derecho. Libertad que implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular, y a veces de fácil comprensión para grupos muy numerosos de la sociedad”, manifestó Luna Ramos
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